La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) expresó su solidaridad con los trabajadores del subte luego de las denuncias judiciales que les inició el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por paros y medidas de fuerza que los metrodelegados realizaron en 2024 y 2025. La CATT manifestó en un comunicado su apoyo al sindicato Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) “ante la difícil situación que se encuentran atravesando” y “en defensa de las condiciones de trabajo y de la seguridad del servicio”. En las últimas horas, los metrodelegados tomaron conocimiento de la existencia de una causa penal contra trabajadores del subte, iniciada por SBASE, sociedad del Estado administrada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esta causa judicial, que los metrodelegados calificaron como “un intento de criminalizar la protesta y limitar los derechos constitucionales”, está siendo tramitada ante la Fiscalía PCyF nro. 35 e imputó a los trabajadores por el delito de asociación ilícita, cuando “en realidad se trata de acciones gremiales llevadas adelante durante el 2024 y 2025, convocadas por nuestro sindicato y también por las convocadas por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, CATT, de la que somos parte”, indicaron. La CATT advirtió: “Este tipo de medidas que buscan disciplinar al movimiento obrero”. El comunicado de la CATT en apoyo a los metrodelegados: “La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) expresó su total solidaridad con el compañero Néstor Segovia, Secretario General de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP - Metrodelegados), y con todos los trabajadores y trabajadoras del sector, frente a la difícil situación que se encuentran atravesando”, se indicó. En ese sentido, el documento firmado por su secretario general, Juan Carlos Schmid, y por su secretario gremial, Juan Pablo Brey, remarcó que el avance de acciones judiciales contra trabajadores del subte “constituye un grave precedente en el camino de la criminalización de la protesta social”. “Lo que se intenta presentar como una causa penal no es más que un mecanismo de persecución hacia quienes ejercen legítimamente sus derechos sindicales”, sostuvieron desde la CATT. Así, desde la Confederación destacaron que las acciones gremiales llevadas adelante en defensa de las condiciones de trabajo y de la seguridad del servicio forman parte del ejercicio pleno de derechos constitucionales, como la libertad sindical, el derecho de huelga y la organización colectiva. “Desde la CATT advertimos con profunda preocupación este tipo de medidas que buscan disciplinar al movimiento obrero, amedrentar a sus dirigentes y debilitar la representación sindical”, afirmaron y agregaron: “No se trata de un hecho aislado, sino de un ataque sistemático contra los trabajadores organizados”. Por último, reafirmaron: “La defensa de los derechos laborales no puede ser considerada un delito. La protesta es una herramienta legítima del movimiento obrero y un pilar fundamental de la vida democrática” y concluyeron que, por todo lo expuesto, “acompañamos el estado de alerta y movilización declarado por la AGTSyP y nos ponemos a disposición para impulsar, en unidad con el conjunto del movimiento obrero, todas las acciones necesarias en defensa de los compañeros y compañeras”.
